Historia

Partido Demócrata Progresista

Orígenes

El PDP tiene su origen en la Liga del Sur, fundada por Lisandro de la Torre en 1908. En 1912, en la primera elección provincial bajo la nueva ley electoral, la Liga del Sur obtiene la minoría en Santa Fe, resultando elegido diputado nacional Lisandro de la Torre.

En un marco más amplio, la sanción de la mencionada Ley Sáenz Peña, la fragmentación del PAN y los deseos de frenar la marcha yirigoyenista, dan impulsos al ensayo de convergencia de la mayoría de las fuerzas liberales y conservadoras del país para formar un gran partido nacional, institucionalizado, moderno y orgánico.

Dice de la Torre al respecto «… adherí a la idea de formar el Partido Demócrata Progresista bajo dos condiciones expresas: primero, que se organizaría un partido nuevo independiente de la tradición de todo partido anterior, tan distante del radicalismo hipolitista, como del viejo partido del general Roca; segundo, que ese partido «nuevo» sería además permanente y con programa definidamente democrático.»

Fundación

En 1914 diversos partidos provinciales confluyeron para formar el PDP. El 14 de diciembre se realizó la reunión constitutiva en el Hotel Savoy de Buenos Aires. Lisandro de la Torre fue elegido presidente del nuevo partido, acompañado por Joaquín V. González, Indalecio Gómez, Carlos Ibarguren, José María Rosa, Alejandro Carbó, Carlos Rodríguez Larreta, Mariano Demaría y otros.

Origen del nombre

En un principio, De la Torre quería llamarlo Partido Progresista, pero otros miembros no estuvieron de acuerdo y acordaron que la Junta Provisional debería resolver el tema. El 16 de diciembre se optó por el nombre «demócrata progresista», tras un debate entre los dirigentes partidarios. Para Rodolfo Rivarola, ​ el doble nombre respondía a la composición del partido. Por un lado estaban los que creían en la democracia y querían profundizarla y por otro los que pensaban, aun con buena intención, que lo importante era llegar al poder, por cualquier camino. Los primeros eran los demócratas y los segundos los progresistas.

Origen del nombre

En un principio, De la Torre quería llamarlo Partido Progresista, pero otros miembros no estuvieron de acuerdo y acordaron que la Junta Provisional debería resolver el tema. El 16 de diciembre se optó por el nombre «demócrata progresista», tras un debate entre los dirigentes partidarios. Para Rodolfo Rivarola, ​ el doble nombre respondía a la composición del partido. Por un lado estaban los que creían en la democracia y querían profundizarla y por otro los que pensaban, aun con buena intención, que lo importante era llegar al poder, por cualquier camino. Los primeros eran los demócratas y los segundos los progresistas.

Proyecto político

Enzo Bordabehere

El Partido Demócrata Progresista intentó conformar un espacio político renovado para la acción del campo liberal, profundamente afectado por la sanción del voto secreto y el fin de la hegemonía del roquismo, integrando diez partidos provinciales; sin embargo, el importante Partido Conservador de Buenos Aires, dirigido por Marcelino Ugarte y el Partido Provincial de Santiago del Estero, de Victorino de la Plaza, no se integraron al PDP.

Programa

En septiembre de 1915 se publicó la plataforma del PDP, redactada por Carlos Ibarguren, que políticamente quería consolidar el régimen electoral en lo constitucional, buscaba mayor autonomía para los estados federales y transformar en provincias los territorios nacionales. Su autor, analizando el programa, dijo que la tendencia descentralizadora era el mayor mérito y la cualidad característica e inconfundible del partido.

En el programa se declaraba:

“ (el PDP) Es pacifista en materia internacional; autonomista y democrático en política general; proteccionista en materia económica; mutualista, cooperativista y previsor para la asistencia de las masas trabajadoras en política social; innovador en la legislación jurídica. Al centralismo ejercido desde la metrópoli por el poder nacional, oponemos una marcada tendencia descentralizadora en la política, en el gobierno, en la administración, en las municipalidades, procurando desenvolver la capacidad de las provincias para el real ejercicio de su autonomía”.

Los puntos más destacados aluden al impulso a la salud pública y a la situación laboral, social y legal de los trabajadores, mujeres y niños, y a la mayor participación del Estado en el control y en la potenciación de la economía, así como a la necesidad de profundizar en el proceso abierto de sustitución de importaciones.​

Materia Social

Desde el punto de vista social, se pretendía incrementar el papel del Estado en los temas de Salud Pública, así como en lo referente a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores (construcción de casas baratas, promoción en todo el país de una legislación del trabajo ajustada a las peculiaridades de cada región, que amparara la salud y el descanso del trabajador; reglamentación del trabajo de las mujeres y los menores; prevención de accidentes y enfermedades del trabajo; reglamentación higiénica de fábricas y talleres y del trabajo a domicilio; creación de tribunales de conciliación mixtos de patrones y obreros y organización de la asistencia social).

Economía

En lo económico, se insistía en el respeto de la situación actual de la industria y en el fomento de «la explotación y el aprovechamiento industrial de los productos naturales del país, para que puedan substituir con ventaja a los similares extranjeros». Se trataba de proteger por igual el capital invertido en la industria y el comercio y de fomentar la radicación de nuevos capitales extranjeros. Los tratados de comercio debían ser revisados para «mejorar las condiciones de penetración de nuestros productos en los mercados extranjeros», para lo cual se debería fomentar el desarrollo de una marina mercante argentina y de las exportaciones. El proteccionismo limitado no implicaba el cierre de las fronteras, ni la búsqueda de autarquía y, por el contrario, pretendía expandir las exportaciones. El fomento de nuevas industrias también serviría para impulsar el progreso económico del interior. Se abogaba por una legislación sobre el petróleo, que sirviera de base al sector y defendiera los intereses vinculados a ella. Otro punto pedía la revisión «científica» del régimen impositivo. El impuesto debía recaer «con preferencia sobre la riqueza adquirida y los beneficios de la producción, a fin de alivianar las cargas que pesan sobre los consumos y artículos de primera necesidad». Se gravaría el ausentismo. El régimen bancario debía regular la circulación y el cambio y difundir el crédito en beneficio del trabajo y la producción.

Agricultura

En lo referente a la agricultura, el PDP era partidario de la sanción de una ley que permitiera al Estado la compra a particulares de campos, ubicados en zonas fértiles y próximas a puertos y ferrocarriles, que deberían venderse fraccionados a los agricultores a largo plazo y a bajos tipos de interés. También se muestra favorable a la colonización agrícola en tierras fiscales, mediante la adquisición de las propiedades por los colonos, con largos plazos.

Administración

En lo referente al gobierno y la administración, se propone la contención del gasto público y la potenciación del presupuesto como herramienta de los ingresos y gastos del Estado, así como la reorganización de la administración pública. La educación era un tema central y se proponía: el aumento del número de escuelas en proporción mayor al crecimiento de la población escolar; cursos nocturnos gratuitos para obreros y fomento de la enseñanza profesional para ambos sexos; reforma de la legislación escolar, reduciendo el centralismo y los poderes del Consejo Nacional de Educación y transfiriendo sus facultades en materia de educación primaria a las municipalidades; ley de magisterio que asegure la estabilidad de los maestros y transformación de los institutos de altos estudios provinciales en universidades nacionales.

Ejército

En materia militar, el PDP tenía como principal objetivo la preservación de la paz, para lo cual proponía mantener un Ejército y una Marina de Guerra adecuada a los recursos del país y en función de su situación geográfica, cuya base sería el servicio militar obligatorio. La planta orgánica de las instituciones militares la establecería el Congreso y la doctrina militar un Consejo de Defensa Nacional. Se reformaría el Código de Justicia Militar en armonía con el sistema de reclutamiento.

Poder Judicial

Sobre el Poder Judicial pedían la reforma de la legislación penal sobre la base de la individualización de las penas, condenas condicionales, registro de reincidentes, libertad condicional, unificación de la legislación criminal y correccional, organización de patronatos para penados que hayan cumplido la condena, leyes especiales para menores delincuentes y creación de tribunales especiales para ellos, ley de contravenciones.

1930-1946

Alianza Demócrata Socialista de 1931

Producido el golpe militar de 1930 el PDP rechazó participar en el gobierno militar de José Félix Uriburu. En las elecciones presidenciales de 1931 el PDP acude a las elecciones presidenciales a través de una alianza electoral con el Partido Socialista, llamada Alianza Demócrata-Socialista, presentando la fórmula Lisandro de la Torre – Nicolás Repetto, que fue derrotada en lo que se denominaría de fraude patriótico. El nuevo programa del partido no solo refleja la convergencia con los socialistas, lo cual implica un mayor tono progresista (como prueba la reivindicación de una ley de divorcio absoluto), sino también se hace eco de los cambios económicos y sociales impulsados por el crac del 29.

En Santa Fe, la Alianza PDP-PS obtuvo el triunfo, resultando elegido gobernador el demócrata progresista Luciano Molinas. En esa ocasión fueron elegidos diputados nacionales entre otros, Enzo Bordabehere, Vicente Pomponio, Julio Noble, Carlos G. Colombres, Mario Mosset Iturraspe, y Gregorio Parera, y senadores nacionales por Santa Fe Lisandro de la Torre y Francisco Correa.

Gobernación de Santa Fe

Tras veinte años en el rol de oposición, ayudados por la abstención del radicalismo, los demócratas progresistas alcanzaron la gobernación de la provincia en 1931 con un programa a todas luces disonante para la época: la aplicación de la vetada Constitución de 1921, una suerte de condensación de los proyectos auspiciados por el reformismo liberal una década antes. Largamente esperado por el PDP, el triunfo planteó en su momento algunos interrogantes que todavía merecen atención: el principal, cómo se había logrado pasar de ocho mil sufragios en 1928, cuando nadie parecía interesado en el reformismo, a los casi cien mil de 1931. Públicamente, como se sabe, el PDP no dudó en ofrecer una respuesta: el electorado consciente, progresista y liberal de la provincia había hecho finalmente su aparición tras el fin del influjo ejercido por el yrigoyenismo. Este había sido el vaticinio de Luciano Molinas en 1928, cuando el partido parecía condenado a la extinción, y en noviembre de 1931 –abstención radical mediante– muchos lo creyeron realizado.

Durante el gobierno de Molinas, junto con la restauración de la Constitución de 1921, se realizaron grandes transformaciones en la línea de las medidas propuestas en las plataformas y programas partidarios del PDP. Entre otros; la reforma de las leyes orgánicas que permitieron la decentralización de la administración y la autonomía de varias instituciones. Se dictaron 162 leyes y 100 proyectos que reforzaron el poder de la Legislatura y reorganizaron el Poder Judicial, con la creación de la Corte de justicia y el Jury de Enjuiciamiento. Los intendentes fueron elegidos por el pueblo y se crearon los Consejos Escolares y Consejos Médicos electivos. Se reformó el régimen carcelario y la Ley de Menores. Se reforzó la defensa de las tierras públicas y se creó el Instituto Experimental de Investigación Agrícola. Se trazó un plan integral para las obras públicas, que permitió el trazado de nuevos caminos y se reorganizó el puerto de Santa Fe. En materia laboral se sancionó una ley de régimen legal de trabajo (ley 2.462), se estableció el sábado inglés, el empadronamiento del comercio y la industria y el censo permanente de patronos y obreros. Hubo una importante contención del gasto público y se reformuló la deuda pública.

Debate de las Carnes y Asesinato de Bordabehere

El trabajo de Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación denunciando los negociados ilegales entre empresas inglesas y el gobierno en el sector de la carne, como consecuencia del pacto Roca-Runciman, lo haría conocido con el nombre de fiscal de la Patria y terminaría con el episodio conocido como «Asesinato en el Senado», donde es asesinado el senador Enzo Bordabehere en pleno recinto el 23 de julio de 1935.

1946-1955

En 1946 el Partido Demócrata Progresista integró la Unión Democrática, que fue derrotada por el peronismo, enviando a Mario Mosset Iturraspé como diputado nacional.

1955-1976

Producida la llamada Revolución Libertadora, que derrocó al gobierno de Juan D. Perón, el PDP integró la Junta Consultiva Nacional, siendo allí representado por Horacio Thedy. En las elecciones de 1957 para reformar la Constitución fueron elegidos convencionales constituyentes Luciano F. Molinas, José N. Antelo, Horacio R. Thedy, Camilo Muniagurria y Luis Sgrosso.

En las elecciones presidenciales de 1958 el Partido Demócrata Progresista presentó la candidatura de Luciano F. Molinas – Horacio R. Thedy.

En las elecciones presidenciales de 1963 el Partido Demócrata Progresista realizó una alianza electoral con UDELPA, llevando como candidato al general Pedro Eugenio Aramburu, exdictador de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955, acompañado por Horacio R. Thedy como candidato a vicepresidente. La alianza salió tercera y el 17% de los votos, siendo elegidos doce diputados demócrata progresistas al Congreso Nacional.

En 1971 el PDP, representado por Horacio R. Thedy, integró la mesa interpartidaria llamada La Hora del Pueblo, junto a los demás partidos políticos, para exigir el llamado a elecciones.

En las elecciones presidenciales de 1973 el PDP integró la Alianza Popular Federalista, con la fórmula Francisco Manrique – Rafael Martínez Raymonda, este último demócrata progresista, resultando terceros con 1.800.000 votos. En ese mismo acto, en Santa Fe, la fórmula Alberto Natale – Mario Verdú obtuvo el segundo lugar perdiendo en el balotaje con la fórmula del FREJULI encabezada por Sylvestre Begnis.

1976-1983

Durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional sus dirigentes ocuparon cargos, como Rafael Martínez Raymonda que fue designado embajador en Italia y Alberto Natale que fue designado intendente de la ciudad de Rosario entre 1981 y 1983. Esta participación generaría en el futuro fuertes debates internos en el partido, entre aquellos que fueron críticos de la participación en el gobierno militar (sector que formaría la línea interna autodenominada «Latorrista», bajo la conducción de Ricardo Molinas) y aquellos que sostuvieron que fue una decisión que ayudó a recuperar la democracia​

En 1979, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una visita a la Argentina para examinar la situación de los derechos humanos, la Junta Ejecutiva Nacional emitió una declaración diciendo:

No es hora de reabrir heridas incurables. Sí es tiempo de cerrar aquellas que puedan suturarse. La presencia del organismo interamericano en nuestro seno será eficiente si nos ayuda a tomar conciencia colectiva de que nunca más podrá ejercerse la violencia en la Argentina. La paz debe sellarse en el respeto silencioso de todos nuestros muertos y en el compromiso absoluto de cerrar definitivamente esta trágica etapa de la vida nacional